Nueva York, 29 jul (EFE).- La vida del mexicano Rogelio Vázquez cambió el pasado 25 de abril cuando fue víctima de una agresión, aparentemente de corte racista, a consecuencia de la cual está desempleado, ha perdido visión y vive con temor.
Vázquez es una de las ocho víctimas de ataques contra inmigrantes, cuatro de ellos mexicanos, que han ocurrido en la villa de Port Richmond, en el condado neoyorquino de Staten Island, desde el pasado 5 de abril.
El 25 de abril el inmigrante salió de un restaurante, después de compartir con unos amigos y se dirigía a su hogar, cuando, un grupo de jóvenes afroamericanos le golpearon en la cabeza.
"Me desmayé y cuando desperté estaba en un charco de sangre, pero no recuerdo nada, fue impactante los batazos que me dieron", señaló a Efe el mexicano, quien mostró la cicatriz en su frente, bajo su espesa y negra cabellera, otra en la cabeza y la de un brazo fracturado, producto de esos golpes.
Un grupo de sus amigos le encontró en la calle y llevaron al hospital.
"Hace tres meses no puedo trabajar, no tengo dinero. Me fracturaron un brazo, estoy asistiendo a terapias tres veces a la semana y aún sufro de mareos", indicó Vázquez, que trabajaba como pintor para una compañía en Manhattan.
El humilde trabajador explicó que ha podido sobrevivir gracias a la ayuda económica que le está dando el Centro del Inmigrante en Port Richmond, ya que su esposa sólo trabaja "dos o tres días a la semana" y tienen dos hijos en México a los que envían dinero.
También recibió una aportación económica del Consulado de México, que además brinda asistencia legal a las víctimas de agresión de ese país.
Recordó que muchos otros inmigrantes han sido agredidos, el más reciente el pasado viernes cuando su compatriota Fidel González, de 31 años, fue atacado cerca de un parque donde poco antes jugaba fútbol, a causa de lo cual sufrió una fractura en la mandíbula y una herida sobre el ojo derecho.
"Esto tiene que parar", dijo a la vez que se manifestó complacido con la decisión de una jueza que prohibió la puesta en marcha de importantes disposiciones de la controvertida ley de Arizona, que penaliza la inmigración indocumentada y que entró hoy en vigor en ese estado.
Vázquez admitió que desde la noche del 25 de abril vive con temor de salir a las calles de la localidad donde vive hace diez años y que asegura "eran tranquilas".
La calle principal de Port Richmond está llena de negocios latinos, entre ellos restaurantes mexicanos y un salón de belleza dominicano y la tranquilidad que le caracteriza de día invita al paseo.
Sólo la numerosa presencia de la policía y de los Ángeles Guardianes, un grupo de voluntarios que vigila las calles en áreas de alta incidencia criminal, enfrenta a residentes y visitantes con la realidad.
"Tengo miedo y a veces no quiero salir por represalias. Ya me pasó una vez y no quiero que me vuelva a ocurrir. Eso es un sufrimiento. Ahora, hago las cosas temprano en la calle y ya no vuelvo a salir", afirmó y agregó que debido a eso, quiere mudarse a otra área de Port Richmond.
Vázquez considera que las agresiones pueden estar motivadas por la errónea idea de que los inmigrantes hispanos "vienen a quitarles el trabajo" a los nacidos en EE.UU.
Al igual que él, la vida de Blanca Galindo dio un giro después de que su padre Alejandro fuera atacado por otro grupo de jóvenes que le gritaron insultos, el pasado 25 de junio.
"Ya está mejor y ha vuelto a trabajar. Lo deseaba con toda el alma. El ama el restaurante donde trabaja hace 13 años", comentó y agregó que su padre afronta problemas de visión como resultado de la paliza.
Galindo aseguró a Efe que vive con el temor de recibir una llamada telefónica con malas noticias.
"Cuando mi esposo y mis hermanos se van a trabajar, no sé si van a regresar bien o me van a llamar con una mala noticia. Me aterroriza", dijo la mujer, que emigró de Oaxaca hace 15 años y es madre de tres adolescentes, a quienes no permite salir de noche.
"Antes aquí no pasaba nada y ahora, todo ha cambiado. Vivimos en un Staten Island que desconocemos", aseguró.
Por su parte, las autoridades locales y federales así como activistas, religiosos, políticos y representantes del Consulado de México trabajan en conjunto en busca de soluciones.
Hasta ahora, sólo se han detenido a cuatro jóvenes en relación a uno de los casos.
