Panamá, 3 feb (EFE).- Panamá defendió hoy su tradición de país de asilo al rechazar la solicitud de extradición de la exdirectora de Inteligencia de Colombia María del Pilar Hurtado, procesada en su nación por un polémico caso de escuchas ilegales durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Hurtado, exdirectora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se encuentra asilada en Panamá desde noviembre de 2010, algo más de un año antes de que Colombia oficializara el pedido para su extradición el pasado 9 de diciembre, según la información oficial panameña.
"Se ha analizado la documentación enviada y se ha determinado que la extradición no es viable de acuerdo con la legislación nacional y el Acuerdo Bilateral de Extradición", indicó un extenso comunicado del Ministerio panameño de Relaciones Exteriores.
La Cancillería explicó que basó esa decisión en los enunciados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual, destacó, establece que "toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales".
También en la Convención sobre Asilo Territorial de 1954, en un decreto ley nacional de febrero de 2008 que establece "que el reconocimiento de la condición de asilado estará sujeto a lo señalado en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales, y en el Decreto Ejecutivo 301 del 19 de noviembre de 2010 que concedió el asilo a Hurtado.
"Panamá posee una larga tradición de asilo, que se remonta al período previo a la era Republicana, como son los casos de Francisco Morazán de 1840-41", argumentó la Cancillería.
En ese sentido, dio cuenta de que en el país centroamericano se encuentran en calidad de asilados los expresidentes de Guatemala Jorge Serrano Elías (1990-1993) y ecuatoriano Abdalá Bucaram (1996-1997), además del exgeneral golpista haitiano Raoul Cedrás (1991-1994).
Hurtado, que dirigió el DAS entre agosto de 2007 y octubre de 2008, cuando renunció en medio del escándalo de las escuchas, está acusada en Colombia de los "delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público".
El presidente panameño, Ricardo Martinelli, afirmó en mayo pasado que Hurtado permanecería en Panamá porque "es un país que respeta las libertades, y al que se le da asilo, se queda".
Asimismo, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, manifestó ese mismo mes que Colombia iba a "respetar la decisión de Panamá".
"Yo no voy a entrar en un conflicto con Panamá ni a pelear con Panamá por una decisión que ellos tomen", señaló entonces la canciller colombiana.
Hurtado es uno de los cuatro exdirectores del DAS investigados por la trama efectuada en los dos Gobiernos de Uribe.
A finales de enero pasado, dos misiones colombianas visitaron Panamá, una para pedir la revocación del asilo y otra para que el Gobierno del país centroamericano lo mantuviera.
En su extenso comunicado, la Cancillería panameña también anunció este viernes que concedió el asilo al opositor venezolano Nixon Antonio Moreno Merchán, debido a "la preocupación por su integridad personal".
Moreno, de 37 años, es un politólogo y dirigente estudiantil opositor al Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, y estaba refugiado en Perú hasta que en julio pasado asumió el poder el presidente Ollanta Humala.
Contra Moreno existe una alerta roja en la página de la Policía Internacional (Interpol) que le busca por "fugitivo, vandalismo y daños y delitos sexuales".
Sus abogados niegan estas acusaciones y señalan que Moreno es un perseguido político de la "revolución bolivariana" que desde hace 13 años lidera Hugo Chávez en Venezuela.
