Phoenix (EE.UU.), 29 jul (EFE).- El estado de Arizona apeló hoy ante un tribunal federal contra el bloqueo de las secciones más polémicas de su ley de inmigración conocida como SB1070, mientras más de 40 activistas que protestaban contra la medida fueron arrestados en Phoenix.
La apelación, anunciada por la Gobernadora republicana Jan Brewer nada más conocerse el dictamen de la jueza Susan Bolton y presentada a mediodía de hoy, pide que se levante el bloqueo para que la medida pueda aplicarse en su totalidad desde hoy mismo.
En un comunicado, Brewer, afirmó: "hoy he presentado una apelación de urgencia para pedir al Tribunal que levante el bloqueo impuesto por la jueza Bolton contra ciertas provisiones de la SB1070 y que permita que esas provisiones entren en vigor mientras se deciden los méritos del caso".
Si el caso llega hasta el Tribunal Supremo, como amenaza Brewer, abriría un frente legal sobre la soberanía de los gobiernos estatales y el Gobierno federal, encargado de hacer cumplir las leyes de inmigración.
Mientras se presentaba el recurso ante el IX Circuito de Apelaciones de San Francisco (California), en Phoenix continuaron las protestas y manifestaciones en las que se exigía una reforma migratoria integral.
Un primer grupo de manifestantes, incluyendo activistas de California, marchó desde el tribunal federal, donde Bolton emitió su fallo, hasta el ayuntamiento y el edificio Wells Fargo, que alberga las oficinas del aguacil del Condado Maricopa, Joe Arpaio.
Entre los primeros arrestados figuró el ex legislador estatal Alfredo Gutiérrez, que se encontraba fuera del tribunal federal Sandra Day O'Connor.
El cubanoamericano Jorge Mursuli fue arrestado junto a otros que intentaban bloquear la calle Washington Street.
"Estoy acá para apoyar a nuestros hermanos y hermanas en Arizona, para protestar contra esta ley discriminatoria y antiamericana. Soy ciudadano y esta ley es una ofensa para todos los latinos", dijo a Efe Mursuli, presidente del grupo Democracia USA.
Bajo una fuerte vigilancia policial y seguidos por la prensa nacional e internacional, los activistas gritaron consignas como "Alto a la SB1070!", "Sí, se puede", "Arpaio y la migra (cuerpo de la Policía de inmigración de EE.UU.), la misma porquería", y "Arpaio, escucha, estamos en la lucha!".
Otras consignas incluían mensajes como "El pueblo unido, jamás será vencido", y "¿Qué queremos? Legalización. ¿Cuándo? Ahora".
Sus gritos competían con el ruido del tráfico, de sirenas de la patrulla policial, y de un helicóptero que sobrevolaba la zona. Un nutrido grupo de periodistas y camarógrafos saltó a la calle para captar de cerca las imágenes, pese a la advertencia de la Policía de que serían detenidos.
Tras el dictamen de Bolton, por ejemplo, la Policía, al detener a alguien por cualquier infracción, no podrá arrestar a una persona que sospeche es un inmigrante indocumentado.
Ese fallo "es una victoria parcial y no soluciona los problemas que siguen existiendo... el abuso de poder no va a terminar porque se suspendió parte de la ley", dijo a Efe Mar Cárdenas, una activista de California.
"Todo lo que está sucediendo son consecuencias de un problema de raíz, que es la falta de reforma" agregó.
Otro grupo se encadenó frente a la cárcel del condado, mientras otros centenares de activistas tenían previsto manifestarse en el Capitolio estatal.
Arpaio ha amenazado con encarcelar a quienes se propongan bloquear el acceso a la cárcel.
Además ordenó para hoy mismo otra redada en un sector latino de la capital, su décimo séptima acción policial contra los indocumentados desde marzo de 2008.
Mientras Bolton estudia el contenido de las siete demandas que hay planteadas contra la ley SB1070, quienes contemplan un éxodo de Arizona cifran sus esperanzas en que el Congreso apruebe una reforma este año.
La Ley SB1070 ha dividido a los vecinos en Arizona: quienes la apoyan creen que ésta es el antídoto para combatir la inmigración ilegal y la criminalidad; sus detractores consideran que la satanización de los extranjeros no corrige el maltrecho sistema de inmigración.
Jueza de EE.UU. que bloqueó parte de la ley de inmigración de Arizona recibe amenazas
Phoenix (EE.UU.), 29 jul (EFE).- La juez federal Susan Bolton, que bloqueó parte de la polémica ley SB1070, que criminaliza la inmigración ilegal en el estado de Arizona (EE.UU.), ha sido amenazada por grupos opuestos a su dictamen, informaron hoy las autoridades.
El miércoles, Bolton bloqueó las partes más polémicas de la ley SB1070, que criminaliza la presencia ilegal en Arizona, en lo que fue una victoria para los grupos pro-inmigrantes y un revés para quienes exigen más acciones punitivas contra los indocumentados.
El encargado de la seguridad del sistema jurídico en Arizona ("U.S. Marshal"), David Gonzales, dijo a la prensa que, tras el dictamen del miércoles, Bolton ha recibido "miles" de llamadas telefónicas y correos electrónicos, algunos positivos y otros negativos y de gente furiosa con el fallo.
"Es gente que está ventilando (su frustración) y han expresado su descontento en una forma muy perversa", explicó Gonzales, sin ofrecer detalles sobre el contenido de los mensajes ni de sus remitentes.
No obstante, señaló, algunos de los mensajes son lo suficientemente serios y las autoridades les han prestado atención.
La gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, presentó hoy una apelación del dictamen de Bolton ante el IX tribunal de apelaciones en San Francisco (California).
Bolton suspendió lo más polémico de la ley, de manera que, por ejemplo, la policía no podrá detener a quienes sospeche que se encuentran en Arizona de forma ilegal.
La juez dejó en pie la cláusula mediante la cual es un delito de menor cuantía ofrecer albergue y transporte a los extranjeros clandestinos.
Bolton tendrá que pronunciarse aún sobre la constitucionalidad de los elementos suspendidos, y sobre las demandas entabladas contra la SB1070.
Gonzales evadió precisar si las amenazas provienen de grupos xenófobos que desde hace tiempo vienen exigiendo medidas más contundentes del Gobierno federal en contra de la población indocumentada.
Tampoco quiso dar detalles sobre las medidas adicionales de seguridad que ha emprendido su cuerpo policial para proteger a Bolton, como lo hace de rutina la entidad con los jueces federales.
El sistema de "U.S. Marshals", que data de 1789, está compuesto por agentes federales que se encargan de la seguridad en los tribunales, la protección de los jueces y testigos en juicios, el traslado de prisioneros, así como de investigaciones de fugitivos, confiscación de bienes, entre otras tareas.
