México, 30 ene (EFE).- La Fiscalía mexicana ha abierto una investigación para saber si hubo delito en el traslado a bordo de un avión oficial del gobierno de Veracruz de 25 millones de pesos (1,9 millones de dólares) en efectivo por parte de dos funcionarios de ese estado.
En un comunicado, la dependencia informó hoy de la apertura de la acción legal tras el arresto el pasado 27 de enero de dos "colaboradores del gobierno del estado", en manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el aeropuerto internacional de Toluca, capital del Estado de México.
Una inspección por parte de agentes de la Policía Federal condujo a "una maleta y una mochila que tenían en su interior 25 millones de pesos", lo que llevó al arresto de un funcionario de la Secretaría de Finanzas de Veracruz.
Otro fue arrestado después de presentarse en las oficinas de la Policía "pidiendo se le entregue el dinero y a su compañero".
Los detenidos fueron identificados como Said Zepeda y Miguel Morales Robles por el gobierno del estado, que ha declarado que los fondos iban a ser usados para pagar a diversos artistas en las fiestas de La Candelaria, el Carnaval de Veracruz y la Cumbre Tajín.
La Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) señaló que "con base en la declaración de los detenidos y un documento que supuestamente amparaba el transporte de recursos, se presume son propiedad del gobierno de Veracruz", según el comunicado.
Sin embargo, aclaró que se ha pedido "información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que permita corroborar el origen de los fondos".
Las dos personas implicadas fueron liberadas "al vencer el término constitucional y al no contarse con pruebas que acreditaran la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita", señaló la PGR.
El dinero ha quedado bajo resguardo de la Fiscalía hasta que "se corrobore de manera fehaciente que es propiedad del gobierno de Veracruz".
El gobierno veracruzano, encabezado por Javier Duarte, anunció a través de un comunicado que ya tramita "la devolución de los valores en efectivo" ante la PGR.
Horas después, el gobierno informó de la renuncia del tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Vicente Benítez, sin explicar los motivos de la misma.
Las alarmas en torno al caso han saltado a meses de que en México se celebren elecciones presidenciales, previstas para el 1 de julio.
"Estamos, con toda seguridad, ante un desvío de recursos del gobierno del estado a favor del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto", afirmó el presidente del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, quien pidió a la autoridad esclarecer el hecho.
A su vez, el gobernante Partido Acción Nacional (PAN) consideró sospechoso que el dinero haya sido decomisado en Toluca, donde reside Peña Nieto, y anunció que presentará una denuncia penal por los presuntos delitos de peculado y malversación de fondos contra el gobierno de Duarte.
El director jurídico del PAN en Veracruz, Víctor Salas, denunció que la administración estatal violó la Ley de Licitaciones Públicas y ordenamientos fiscales al tratar de entregar los 25 millones de pesos en efectivo supuestamente a organizadores de fiestas.
Las autoridades de Veracruz, sin embargo, insistieron en que "más allá de las sospechas políticas", todo se ha hecho con transparencia y se debió a la urgencia para pagar un proveedor con domicilio en la capital mexicana.
"Nunca hubo intención de ocultar nada. Se transportaron valores, pero se hizo por encima de la mesa", dijo a la emisora Radio Fórmula el secretario de Finanzas del Gobierno de Veracruz, Tomás Ruiz González.
El funcionario dijo que el 99,5 % de las operaciones del gobierno estatal se hacen mediante transferencias o cheques nominativos, y la gestión relacionada con el dinero decomisado se hizo con efectivo porque había que hacer el pago "a la voz de ya".
