Panamá, 7 feb (EFE).- Líderes indígenas y el Gobierno de Panamá acordaron hoy el fin del conflicto iniciado la semana pasada, con protestas callejeras de los aborígenes contra la minería y desarrollos hidroeléctricos en sus comarcas que se saldaron con dos muertos en medio de enfrentamientos con la Policía.
Las partes, con la mediación de la Iglesia católica, firmaron un convenio de ocho puntos que incluyen la suspensión de las protestas por parte de los miembros de la etnia Ngäbe Buglé, y el reinicio mañana de la discusión legislativa de un proyecto de ley que regula la actividad minera e hidroeléctrica en esa comarca.
El documento fue suscrito por la cacica general de la Comarca Ngäbe Buglé, Silva Carrera, y el presidente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé, Rogelio Montezuma.
También por los ministros de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu; de Gobernación, Jorge Fábrega, y por el mediador de las conversaciones, el presidente de la Conferencia Episcopal y obispo de David, José Luis Lacunza, además de diputados de la Asamblea Nacional.
"Todavía no conseguimos nada", declaró a los periodistas la cacica Carrera, que reiteró la desconfianza del pueblo Ngäbe hacia el Gobierno del presidente Ricardo Martinelli, y afirmó que "solo cuando la ley" prevea lo exigido por ellos se irán "tranquilos a sus casas".
El acuerdo indica que se debe "solicitar al presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional reconsiderar en primer debate la ley 415 para la reincorporación y discusión del artículo 5 del anteproyecto y que se declare su tratamiento con urgencia notoria a partir del 8 de febrero de 2012".
Ese artículo establece la cancelación de las concesiones otorgadas y vigentes para la explotación minera y de los recursos hídricos dentro de la comarca Ngäbe Buglé y en las áreas anexas, según han explicado portavoces indígenas.
Papadimitriu reiteró la posición oficial de que esas exigencias desvirtúan un acuerdo alcanzado, en similares circunstancias, el 27 de febrero de 2011, cuando las partes pactaron en la comarca Ngäbe Buglé que se prohibiría la minería y se protegerían los recursos hídricos, sin vetar su explotación.
"Creo que tenemos que ser algo responsables y que lo acordado el 27 de febrero de 2011 todavía se mantenga y, dentro de un diálogo, plasmado el día de hoy, continuar trabajando para asegurar que los recursos hídricos de la comarca sean también respetados".
El ministro expresó su esperanza en que a partir de mañana en la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, la "negociación" permita "llegar a una ley responsable en la que se prohíba la minería y se protejan los recursos hídricos" en la comarca Ngäbe Buglé.
El acuerdo establece, entre otros puntos, el compromiso de las autoridades de liberar de manera "inmediata a todos los detenidos", casi medio centenar, en los enfrentamientos entre la Policía y manifestante el pasado domingo, "sin formulación de cargos".
También la "atención urgente de los afectados e indemnización permanente a los familiares" de Jerónimo Montezuma, muerto el domingo durante los enfrentamientos con la Policía en la provincia occidental de Chiriquí, epicentro del conflicto.
La segunda víctima en el marco de este conflicto, un joven de 17 años, se registró esta madrugada en un poblado cercano a la ciudad de David, en Chiriquí.
El "retiro inmediato de las unidades antidisturbio en la zona del conflicto", y que la Relatora de la ONU en Panamá sea observadora del proceso, son otros de los puntos acordados por las partes en su primera reunión desde que estalló la crisis, el 30 de enero pasado.
Mientras se desarrollaba ese encuentro, en la localidad de San Lorenzo, a casi 400 kilómetros al oeste de Ciudad de Panamá, en la capital cientos de indígenas marcharon pacíficamente hasta la sede de la Presidencia.
En la movilización participaron además de indígenas Ngäbe Buglé, aborígenes de la comarca Emberá Wounan, de la provincia oriental de Darién, y también estudiantes y representantes de otros sectores sociales panameños.
