Asunción, 2 feb (EFE).- Paraguay conmemora hoy el vigésimo tercer aniversario de la caída de Alfredo Stroessner y el periodo más largo de su Historia en democracia, aunque las víctimas todavía reclaman reparación por su sufrimiento y el castigo de los culpables de la dictadura.
"Aquí poco o nada ha cambiado. Cambió el régimen político, pero siguió la naturaleza corrupta del Estado", sentenció a Efe el activista Martín Almada, que pasó mil días en las cárceles del dictador, fue torturado, perdió a su esposa y sus bienes y sufrió 15 años de exilio "por leer un libro".
La lucha de Almada contribuyó al hallazgo de los "archivos del terror" en 1992, pero a sus 75 años el antiguo maestro aseveró que las víctimas han recibido un resarcimiento económico "miserable" y tienen "sed de justicia".
Víctima de un golpe de Estado de su consuegro, el general Andrés Rodríguez, en la madrugada del 2 al 3 de febrero de 1989 Stroessner perdió el mando que había ejercido desde el 4 de mayo de 1954.
Refugiado en Brasil, falleció a los 94 años, en agosto de 2006.
El Partido Colorado, que sustentó su dictadura, permaneció en el poder hasta agosto de 2008, cuando asumió la Presidencia el exobispo católico Fernando Lugo al frente de una coalición de liberales y grupos de izquierda.
"Se fue Stroessner y Rodríguez dejó a todos los estrosnistas en el poder, por eso es que hay impunidad en este país", condenó Almada.
La perseverancia de las víctimas obligó al Estado a aprobar una ley de indemnizaciones y crear una Comisión de la Verdad y la Justicia (CVJ) que, en un informe de agosto de 2008, documentó las atrocidades del dictador.
La CVJ registró 425 ejecutados o desaparecidos y casi 20.000 detenidos, la gran mayoría víctimas de golpizas, picana eléctrica, quemaduras y otras formas de tortura física. Otras 20.814 personas se vieron forzadas al exilio.
La Defensoría del Pueblo ha tramitado 10.000 peticiones de víctimas o familiares y el Estado ha entregado en los últimos años 9,4 millones de dólares en compensación y prevé otros 40 millones en el próximo lustro.
Pero sólo se han abierto unas 80 causas penales, en muchos casos con pruebas halladas en los "archivos del terror", en los que la Policía documentó su contribución a una represión dictatorial que se valió también de militares y "pyragüé" (delatores "colorados" en guaraní).
"Hasta ahora estamos entregando informes a familiares y víctimas, de manera que accedan a esa reparación económica", explicó a Efe Rosa Palau, responsable de los archivos.
En un comunicado, el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Juan Bautista Rivarola, admitió hoy que la Justicia aún "debe asumir la responsabilidad en la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en esos años siniestros".
Rivarola aludió a la "restitución de los bienes mal habidos" y al hallazgo e identificación de los restos de las víctimas como deudas pendientes con la sociedad, así como a la "deuda moral" por la justicia social, ya que la dictadura permitió que "un minúsculo grupo de privilegiados se apropie de las riquezas de este país".
Para el analista político Alfredo Boccia, hoy cabe celebrar "el fin de la dictadura más larga de Paraguay" así como la consolidación de su democracia más larga, aunque sea "todavía de mala calidad".
"Nunca antes hemos vivido más de dos décadas en libertades públicas irrestrictas. Lo hacemos mal porque no tenemos experiencia", observó a Efe Boccia.
El régimen "fue tan largo que afectó a dos o tres generaciones del país, que vieron atrofiadas su capacidad crítica, creativa, de interpretación del mundo", abundó, para recordar que la transición a la democracia fue "tutelada por los militares y dirigida por estronistas sin Stroessner".
Pero, finalmente, el Estado "se doblegó", asumió una indemnización "respetable" para las víctimas y, con Lugo, llegó un "pedido de disculpas" a las víctimas en nombre del Estado, con lo que "de alguna manera la impunidad no fue completa".
Boccia consideró que la desigualdad social es la principal amenaza para la democracia paraguaya y no una "regresión autoritaria", pero observó que los "colorados" le siguen "debiendo a la sociedad un pedido de disculpas por haber avalado aquella dictadura durante tanto tiempo".
Para Almada, el peligro está en el retorno mismo al poder del Partido Colorado. Hay que "despertar a los dormidos y organizar y movilizar a los despiertos para que no vuelvan al poder estos genocidas", advirtió.
